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Consenso sobre las principales cuestiones que afectan al sector dental

Imagen de la reunión de los Colegios Sanitarios de toda España en la que se pidió la aprobación de una ley de publicidad que evite que influencers y no sanitarios hagan publicidad sobre salud y pongan así en riesgo la salud de las personas. Foto: CGDE

Los Colegios Sanitarios de toda España piden una ley que regule la publicidad sanitaria para proteger a la población de informaciones erróneas o de riesgo y que las empresas comerciales no puedan ofrecer productos y servicios sanitarios a través de redes sociales e internet sin el control de un facultativo.

Con el objetivo de proteger a los ciudadanos y promover la calidad y la transparencia de los servicios sanitarios que existen en España, los presidentes de los Consejos Generales de Biólogos, Dentistas, Dietistas-Nutricionistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Logopedas, Médicos, Ópticos-Optometristas, Podólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios, se reunieron en la sede de la OMC para tratar varios asuntos: la ley de publicidad sanitaria; el proyecto por el que se modifica el RD 472/2021, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones; la modificación de la ley de sociedades profesionales; la plataforma One Health; y la colegiación universal.

La falta de legislación estatal sobre publicidad de prestaciones y actividades sanitarias permite que intereses mercantiles e influencers publiciten y ofrezcan productos y servicios sanitarios a través de redes sociales e internet que, sin el control de un facultativo, lo que puede conllevar un riesgo para la salud de las personas. Ante esta situación, los Consejos Sanitarios hacen un llamamiento conjunto a las autoridades y a los partidos políticos para que se apruebe una ley de publicidad de prestaciones y actividades sanitarias que proteja a la población de informaciones erróneas y confusas, y establezca unas pautas claras y exigentes.

La petición no responde a ningún interés político, por lo que se insta a todos los partidos a dejar a un lado sus diferencias ideológicas para llegar a un acuerdo y proteger el bien más preciado que tienen las personas: su salud.

En cuanto a la evaluación previa de los códigos deontológicos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se contempla en el Proyecto por el que se modifica el RD 472/2021, los Consejos Sanitarios se oponen frontalmente.

Según han afirmado, no existe justificación ética ni legal para exigir a las organizaciones colegiales una evaluación previa por parte de la autoridad encargada de velar por la libre competencia en los mercados. Los colegios sanitarios explican que la CNMC no tiene capacidades ni competencia para llevar a cabo una tarea que implica la ordenación del ámbito de las profesiones.

Esta situación vaciaría además en buena medida las funciones legítimamente atribuidas a los ministerios correspondientes, en nuestro caso, el de Sanidad. Todos los Consejos Sanitarios consideran un gravísimo error que los Códigos Deontológicos se fiscalicen por parte de la CNMC, que por su propia naturaleza es un organismo que sólo lo puede hacer desde una perspectiva meramente de mercado, en lugar de atender a su verdadero objetivo que es proteger los intereses de la salud de las personas. Esta intromisión afecta gravemente a la protección de la salud en general y de los pacientes en particular.

La modificación y correcta aplicación de la ley de Sociedades Profesionales fue otro de los temas principales de la reunión. Esta ley prevé que aquellas empresas que realicen actividades para las que la colegiación es obligatoria no escapen al control deontológico de los Colegios Profesionales, al tiempo que contempla medidas para asegurar que el control de la compañía quede en manos de profesionales colegiados.

Sin embargo, existen vacíos legales que han permitido que muchas sociedades profesionales se hayan registrado en el Registro Mercantil como sociedades de intermediación, quedando fuera del ámbito de aplicación de esta ley.

Los Colegios Sanitarios de España coinciden en la necesidad implantar un verdadero control deontológico de las sociedades profesionales y en la colegiación universal.

Para evitar esto, los Consejos Sanitarios solicitan que sea preceptivo que todas aquellas sociedades cuyo objeto social sea la prestación de servicios profesionales se inscriban en el Registro Mercantil como “sociedades profesionales”.

Sobre la universalidad y obligatoriedad de la colegiación, los Consejos Sanitarios sostienen que es una medida esencial para garantizar estándares de alta calidad en la prestación de los servicios sanitarios que redundan directamente en beneficio de los pacientes. De esta forma, los profesionales deben someterse al código deontológico de las organizaciones colegiales y éstas, a su vez, pueden establecer un estricto control de la trayectoria de las personas que ejercen la profesión, protegiendo así a los pacientes.

Por último, en la reunión se destacó la importante labor de la Plataforma One Health, una red nacional que une a diversas organizaciones colegiales, asociaciones y fundaciones de diferentes áreas y sectores y cuyo objetivo es promover el enfoque integral de la salud teniendo en cuenta la interrelación entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente.

La meta principal es impulsar políticas alineadas que reduzcan las desigualdades en el acceso a la salud y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible.

En representación de más de un millón de profesionales sanitarios que trabajan en España, los Consejos Sanitarios ofrecen a todos los grupos políticos su disposición y compromiso para colaborar en la mejora continua de la legislación y el estado del sector sanitario. Su experiencia y conocimiento en el ámbito de la salud pueden ser de gran utilidad para la elaboración de propuestas concretas y garantizar que las medidas que se tomen respondan de forma efectiva a las necesidades de la sociedad, promoviendo así una calidad asistencial excelente y, por tanto, el bienestar general.

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